El fiscal pide 48 años por fraude para el expresidente de Damm y 14 para su hijo

padre e hijo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral contra el que fuera presidente de Damm, Demetrio Carceller Coll y contra su hijo y actual presidente de la cervecera, Demetrio Carceller Arce por supuesto fraude fiscal al simular vivir fuera de España para no pagar impuestos y un delito de blanqueo de capitales. En su escrito de calificación, publicado este jueves, el Ministerio Público solicita 48 años y seis meses de prisión para el antiguo responsable de la cervecera y 14 para Demetrio Arce, contra el que también pide la inhabilitación.

Anticorrupción reclama una responsabilidad civil de más de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid. A esta fianza deberán responder solidariamente los otros dos acusados por el fiscal: José Luis Serrano Florez, hombre de confianza del expresidente de Damm, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen.

El caso contra Carceller Coll ya había pasado por los tribunales, aunque la Audiencia Nacional decidió sobreseer en 2011 aquella causa al no haber encontrado indicios de que intentaran eludir el pago de impuestos. Sin embargo, dos años después, el juez Pablo Ruz ve motivos para juzgarles por defraudar 72,04 millones a Hacienda. Segúnun auto dictado el pasado 11 de septiembre, el magistrado argumenta su decisión de reactivar las pesquisas en los informes elaborados por la Agencia Tributaria. En ellos, los técnicos de Hacienda indican que Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.

A este respecto, el escrito de Anticorrupción publicado este jueves, de 42 páginas, detalla que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda “cuando menos, desde el año 1990”. Así, simulaba residir en Portugal y Reino Unido “con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España”. Para no despertar sospechas, el fiscal también relata que el empresario y su mujer, Carmen Arce, tomaban numerosas medidas de precaución “tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo”, Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Dentro de esta estrategia de ocultación, el expresidente de la cervecera eludió ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España. Para ello, añade el fiscal, contó con la participación del resto de acusados, sobre los que asegura que tuvieron un papel de cooperación necesaria.

Carceller Coll, siempre según el escrito de calificación, utilizó para ello “un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Neerlandesas y Madeira”. El entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Gabriel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodoJardines, añade el fiscal. Gracias a él, llegó a ocultar sus participaciones en múltiples empresas, incluso en la propia Damm.

Anticorrupción acusa a Carceller Coll de 13 delitos de fraude y uno de blanqueo de capitales, por lo que solicita una pena de 48 años. También le acusa de ocultar inversiones inmobiliarias que tiene en centros comerciales de Estados Unidos y de no declarar todos los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana. En total, el Ministerio Público afirma que la cuota defraudada en las declaraciones del IRPF de 2001 a 2009, del Impuesto sobre el Patrimonio de 2001 a 2007 y del Impuesto de Sucesiones de 2006 es de 73,2 millones de euros, cantidad que con los intereses de demora asciende a 102,8 millones.

Al actual presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, le atribuye cuatro delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, por el fraude de IRPF en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre el Impuesto sobre el patrimonio de 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Por ello, pide 14 años de cárcel y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante dos años. Por último, Anticorrupción pide para José Luis Serrano Florez 19 años de cárcel y para el asesor Ignacio Gabriel Petrus 41 años.

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